Durante el Foro Nacional para la Gestión Eficiente del Agua y Energía, realizado en Jalisco, especialistas y autoridades advirtieron sobre la urgencia de enfrentar la crisis hídrica en México, que incluye la regularización de más de 15 mil pozos sin concesión y la eliminación de la extracción ilegal de más de 9 mil millones de metros cúbicos de agua. Actualmente, el 70% de los equipos de bombeo agrícola son obsoletos, lo que genera un alto consumo energético y baja eficiencia en el riego.
“El riego agrícola utiliza más de tres cuartas partes del agua disponible en el país, pero el 40% proviene de aguas subterráneas; de ahí la importancia de medir, controlar y modernizar”, señaló el diputado Armando Fernández Samaniego, presidente de la Comisión Hídrica del Congreso de la Unión, quien además presentó un decálogo de propuestas para transformar el modelo actual de gestión hídrica y energética.
Entre los temas abordados, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, alertó que gran parte del agua se pierde por infraestructura antigua: “Tenemos 653 acuíferos en México, de los cuales 286 están deficitarios, se extrae más agua de la que se recupera”. A esto se suma que 10 millones de personas en el país no tienen acceso a agua potable, mientras que el agua disponible ha disminuido 7% en las últimas décadas y podría caer hasta 33% más en los próximos 25 años.
El director de la cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, Gustavo Figueroa, indicó que el Plan Nacional Hídrico contempla la modernización de sistemas de riego y la tecnificación de 200 mil hectáreas, con una inversión de 60 mil millones de pesos. Se pretende, entre otras cosas, instalar compuertas, automatizar canales y fomentar el riego por goteo para aumentar la eficiencia en la producción agrícola.
En el caso de Jalisco, se trabaja con 125 municipios para optimizar redes de agua potable, drenaje y saneamiento. Hasta la fecha, 77 municipios han presentado proyectos por más de 690 millones de pesos al FAIS, lo que permitirá ejecutar 374 obras de agua, alcantarillado y saneamiento, sumadas a otras acciones como el programa Proagua y Prosanear. «Este foro es un llamado a la acción conjunta entre los tres niveles de gobierno para garantizar el derecho humano al agua», concluyó Fernández Samaniego.