El reciente incremento del 9.65 % en las tarifas del agua en Jalisco ha generado una fuerte reacción entre la población, que acusa a las autoridades de aplicar medidas insensibles en un contexto de inflación, servicios deficientes y falta de transparencia. Aunque se anunció que el ajuste buscaría fortalecer la infraestructura hídrica y garantizar el abasto, muchos ciudadanos aseguran que el servicio sigue siendo ineficiente, con cortes frecuentes y agua de mala calidad.
Desde el organismo operador del agua se argumenta que el aumento responde a un desfase entre el costo de operación y lo que se cobra a los usuarios. Según esta postura, la tarifa actual no alcanza para cubrir los gastos de mantenimiento, reparación de fugas y renovación de una red hidráulica con décadas de deterioro. Se promete que con los nuevos recursos se podrá mejorar el sistema, pero la desconfianza de la ciudadanía es evidente.
A pesar de las promesas institucionales, el problema no se reduce al aspecto técnico o financiero. Durante años, el manejo del agua en el estado ha estado marcado por la opacidad, la burocracia y decisiones cuestionables que han minado la credibilidad del organismo. Muchos usuarios afirman estar pagando por un servicio que no reciben o que llega en condiciones que lo hacen inutilizable.
Además, el incremento en las tarifas no ha sido acompañado de una estrategia clara para mejorar el acceso equitativo al agua. En zonas marginadas, el servicio sigue siendo intermitente y en algunos casos inexistente. Mientras tanto, fraccionamientos de alto poder adquisitivo mantienen un suministro regular. La desigualdad en el acceso se agudiza, y la medida, lejos de solucionar el problema, parece cargar el costo sobre los sectores más vulnerables.
La oposición política y diversas organizaciones sociales han criticado duramente la medida, acusando a las autoridades de privilegiar la recaudación por encima de la calidad del servicio. Señalan que, sin mecanismos de evaluación independientes y sin resultados visibles en el corto plazo, este aumento representa una forma de financiar un sistema ineficaz sin corregir sus fallas estructurales.
En este contexto, la ciudadanía se enfrenta a una nueva carga económica sin garantías claras de mejora. El aumento en las tarifas del agua, más que una solución, parece una decisión apresurada que ignora las condiciones reales del servicio y el hartazgo de los usuarios. La pregunta persiste: ¿hasta cuándo seguirá el usuario pagando por una promesa que nunca llega?