La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) realizó la primera sesión ordinaria 2025 del Comité Estatal para la Protección de los Humedales de Jalisco (CEPHJ) en el municipio de Amacueca, con el objetivo de reforzar la conservación de estos ecosistemas esenciales. En esta reunión se aprobó un enfoque regionalizado para las acciones del comité, permitiendo que sus sesiones sean itinerantes y se lleven a cabo en distintas regiones donde se ubican humedales, a fin de mejorar la vinculación con las realidades locales.
Daniel Graf Pérez, Director de Áreas Naturales Protegidas y Especies Prioritarias de la Semadet, explicó que esta estrategia busca generar un mayor impacto en la protección de los humedales. “Antes, el Comité sesionaba de manera remota y no había una vinculación efectiva entre lo que se discutía y lo que se hacía en el campo. Ahora, con la regionalización, los participantes podrán conocer de primera mano las problemáticas de cada sitio y tomar decisiones informadas”, señaló. Además, destacó la importancia de incluir a las Juntas Intermunicipales de Medio Ambiente, la sociedad civil y la academia en este esfuerzo.
Como parte de esta iniciativa, se realizó una visita a la Laguna de Atotonilco, un sitio Ramsar reconocido internacionalmente por su biodiversidad desde 2006. Durante el recorrido, se dio inicio a los trabajos para su posible declaratoria como Área Estatal de Protección Hidrológica, con el propósito de resguardar sus 3,500 hectáreas de espejo de agua y vegetación nativa. Esta designación permitiría establecer medidas de manejo más estrictas para proteger a las especies residentes y migratorias que dependen de este ecosistema.
Jalisco alberga 13 humedales con reconocimiento Ramsar, entre ellos el Lago de Chapala, la Presa La Vega y la Laguna de Sayula. La conservación de estos espacios es fundamental para mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad del estado. Con la implementación de estrategias más cercanas a las comunidades y a los ecosistemas, la Semadet busca garantizar su protección a largo plazo y reforzar el compromiso del estado con la conservación ambiental.