En un llamado urgente a la comunidad y a los medios de comunicación, se ha convocado una rueda de prensa para abordar el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia definitiva del amparo 730/2021. Esta resolución había concedido protección a la Sra. Liliana Guadalupe Meza Gutiérrez y a su hijo, Carlos Maximiliano Romero Meza, víctima de desaparición forzada.
El recurso fue presentado por la Lic. Roldán, titular de la célula I-3 adscrita a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada. En su apelación, la fiscal sostiene que la jueza de amparo se extralimitó en sus funciones, sugiriendo que el juez de amparo solo debería dictar providencias dentro del proceso, sin intervenir en la investigación del ministerio público. Esto implica, según la recurrente, que un juez de amparo no debería poder instruir al ministerio público a investigar, lo cual desvirtúa el propósito del juicio de amparo.
Además, la impugnante argumenta que no hay elementos de competencia para abordar el caso de desaparición forzada de Max. Este punto ya había sido considerado en una ejecutoria de amparo dictada en el expediente 271/2022 por el juzgado séptimo de distrito en materia penal en Jalisco. En dicha resolución, se determinó que había suficientes indicios de la participación de la delincuencia organizada en el hecho victimizante.
Otro agravio presentado es la imposición de un plazo de quince días para rendir avances en la investigación de Carlos Maximiliano. La fiscal considera este plazo insuficiente y argumenta que no se consideraron las dificultades inherentes a la investigación. Sin embargo, esta queja resalta la falta de iniciativa y avances en la indagación por parte de las autoridades.
La fiscal nunca cuestionó si la desaparición era forzada, pero señaló que el juez no recabó ciertas actuaciones de oficio, sin especificar cuáles ni cómo podrían haber cambiado la sentencia.
En la rueda de prensa se presentarán consideraciones para fortalecer los efectos de la sentencia. En particular, se propone incluir una disculpa pública del gobierno municipal de Zapopan y de la Fiscalía Especial para Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, dado que se presume la participación de elementos policiacos en la desaparición forzada de Carlos Maximiliano. Además, se recomienda la reparación del daño moral y el pago de tratamientos terapéuticos para la Sra. Meza, víctima indirecta.
La sentencia de amparo ya había ordenado cuatro medidas: reparación, satisfacción, cumplimiento por autoridades no señaladas como responsables y no repetición. Sin embargo, se resalta la necesidad de incluir una medida de compensación consistente en un monto de 10 millones de pesos, divididos entre las autoridades responsables. Esta medida también incluiría el pago de tratamientos terapéuticos necesarios para la recuperación de la salud psicológica de la víctima indirecta.
La rueda de prensa busca exponer la actitud indiferente y revictimizante de la Fiscalía General de la República hacia la Sra. Meza, a pesar de que el amparo representa un avance significativo en el derecho a la verdad y la protección de las víctimas. Las autoridades, en lugar de colaborar, intentan desechar el amparo y la investigación sobre la desaparición forzada de Max.
Este caso refleja la realidad de muchas familias de personas desaparecidas en Jalisco y en todo México. A pesar del dolor y la incertidumbre, estas familias continúan luchando y pidiendo al Estado que cumpla con sus funciones y no revictimice a los afectados. La Sra. Liliana Guadalupe Meza Gutiérrez y otros familiares de desaparecidos solo piden que las autoridades hagan su trabajo y respeten los derechos de las víctimas.