Mié. Jun 12th, 2024

El formato de registro, del cual se tiene copia, solicita información personal como nombre, edad, género, fecha de nacimiento, domicilio, escolaridad, teléfono celular y datos de redes sociales. Además, incluye detalles electorales exclusivos, como sección, vigencia y copia de ambos lados de la credencial de elector vigente, así como datos laborales como el nombre de la dependencia, número y tipo de plaza, estado (activo o pensionado) y referencia de la persona que invita a unirse a la red.

Lo más inquietante es que, según las denuncias, se condiciona el acceso a los derechos laborales a cambio de participar en diversas actividades, entre las que se incluyen firmas de apoyo, marchas, campañas sindicales, campañas de elecciones constitucionales, asistencia a reuniones de candidatos, representación en casillas, brigadista en distritos y apoyo en redes sociales. Estas actividades podrían configurar un presunto delito electoral a nivel federal.

Los funcionarios públicos expresan su cansancio y frustración al sentirse rehenes del actual líder sindical, argumentando que su participación en la «red del clan León» es la única vía para obtener beneficios en derechos laborales como aumentos salariales, promociones y cambios de plaza.

El descontento está en aumento entre los empleados públicos, quienes se sienten desamparados por el gobierno, ya que perciben que el secretario general cuenta con el respaldo de la administración actual que busca repetir en la próxima.

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