Fotografìa: Redacciòn RI.
Luego de que el exministro Arturo Zaldívar anunciará, con su nueva faceta de militante morenista, que denunciará a la ministra Norma Piña y que además solicitará un juicio político en su contra, el PAN en el senado respondió de manera similar, juicio político contra Záldivar bajo el argumento de que “es investigado por, presuntamente operar una red de coacción, extorsión e intimidación contra jueces para actuar a favor de casos en beneficio del gobierno del presidente López Obrador”.
“Arturo Zaldívar abandonó su cargo como ministro de la Corte para irse de “matraquero” de la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum sostuvo junto con una decena de senadores, la panista Kenia López Rabadán porque aseguro que la realidad es que está buscando impunidad ante los señalamientos en su contra por supuestos actos de presión a jueces para que resolvieran asuntos a favor del gobierno federal.
En el entuerto, la realidad es que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) expresó su respaldo a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y rechazó cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico”.
Aclararon que el juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constan por eso argumentaron que “resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”.
En los entredichos, la realidad, como lo menciona Raymundo Riva Palacios es que, “Zaldívar ha buscado afanosamente establecer que la Corte está violando la ley con la investigación, y sostiene que carece de un marco jurídico para sancionarlo. El exministro se apoyó en la Ley Orgánica que no prevé esa posibilidad de manera expresa, pero ha omitido mencionar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyo artículo 4 se refiere a las infracciones cometidas por personas que hayan sido servidores públicos, como es su caso, mientras no hayan prescrito las conductas ilegales, que tienen una vigencia de siete años, que prevé el artículo 74 de la misma ley.
“El Consejo de la Judicatura, que llevará la investigación, está facultado para hacerla e, incluso, tiene la posibilidad de sancionar administrativamente, si el caso lo ameritara, a los imputados, lo que podría significar una inhabilitación que le afectaría su vida política dentro de Morena y cancelaría su posibilidad de ser consejero jurídico de la Presidencia, como aspira, y eventualmente ser fiscal general y candidato presidencial en 2030”.
En el fondo, señala que el tema se centra en “la mesa de judicialización que se inició en este gobierno, donde se construyeron los casos políticos de interés del presidente López Obrador, la coordinaba Scherer, en ese entonces consejero jurídico de la Presidencia, pero Santiago Nieto, a la sazón jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, proporcionaba los principales insumos para que se abrieran las carpetas de investigación, que una vez armadas, Zaldívar se encargaba de instrumentarlas dentro del Poder Judicial” con el detalle de que el Fiscal Gertz Manero era y es el enemigo político a vencer y no precedían.
