Fotografia: archivo/Aldo Sanchez.
Tras la reciente inauguración de una nueva ruta de transporte público en el Salto que conecta los fraccionamientos de La Azucena y El Mirador, una iniciativa impulsada por la empresa Transbús en colaboración con el Ayuntamiento local. La situación se torna más compleja tras las declaraciones del secretario de Transporte, Diego Monraz, quien reveló que la ruta en cuestión no contó con la autorización necesaria por parte de su dependencia.
Monraz subrayó que, a pesar de no estar en contra del funcionamiento de la ruta, era fundamental contar con el visto bueno del gobierno estatal antes de su operación. «La ruta no estaba autorizada; el transportista había solicitado una reunión con la alcaldesa ante las presiones que estaba recibiendo», detalló el funcionario. Como resultado de esta falta de aprobación, se ordenó la suspensión inmediata del servicio hasta que se lleve a cabo una revisión exhaustiva del proyecto.
La alcaldesa de El Salto, María Elena Farías, ha programado una reunión con autoridades estatales el próximo lunes para evaluar la viabilidad de la ruta y determinar si es necesario realizar alguna modificación o extensión que facilite su legalización. «Vamos a analizarlo, y si es necesaria esa extensión, se autoriza sin problema», afirmó Monraz, dejando entrever la posibilidad de que el servicio sea reinstaurado bajo condiciones adecuadas.
La polémica ha generado preocupación entre los habitantes de los fraccionamientos involucrados, quienes aguardaban una mejora en sus opciones de acceso al transporte público. Este episodio pone de manifiesto la importancia de establecer un diálogo robusto entre las autoridades locales y estatales para asegurar un sistema de transporte público que se ajuste a las necesidades de la comunidad.
Los resultados de la reunión del lunes serán cruciales para el futuro de esta nueva ruta, que ha prometido transformar la conectividad de la zona, pero ahora enfrenta la incertidumbre de su continuidad. La atención está puesta en cómo ambas partes resolverán este desencuentro administrativo que podría afectar el bienestar de muchos ciudadanos.
