Jalisco se encuentra en medio de una controversia legislativa tras la reciente aprobación del aborto hasta las 12 semanas, realizada el 4 de octubre por el Congreso estatal. La medida, que suscita opiniones divididas, ha sido denunciada por grupos que aseguran que su proceso fue corrupto y carente de transparencia.
Diversas organizaciones han llamado al Gobernador Enrique Alfaro a vetar esta ley, argumentando que su implementación sería inconstitucional y contraviene el Artículo 4 de la Constitución del Estado de Jalisco, que establece la protección del derecho a la vida desde la concepción.
En el centro de esta discusión se encuentra una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado, que invita al Congreso a derogar los artículos 228 y 229 del Código Penal sobre el aborto, aunque no le impone la despenalización. Según los denunciantes, el proceso legislativo ignoró varios lineamientos establecidos por la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPLEJ), incluyendo la falta de una iniciativa formal y la creación de una «comisión especial» que actuó ilegalmente.
A pesar de las protestas, algunos diputados se manifestaron en contra de la nueva legislación, destacando que el enfoque del Congreso debería ser más inclusivo, reconociendo las distintas voces de la sociedad. Al tiempo, también se ignoran iniciativas ciudadanas que buscan alternativas al aborto, lo que ha generado un aire de frustración entre quienes abogan por la protección de la vida.
Dicha situación ha devuelto a la mesa de discusión no solo la legalidad del proceso, sino también la posición del Estado de Jalisco en un debate que involucra derechos humanos y la definición de la vida. Las voces que exigen respeto a la legislación y transparencia están decididas a mantener la presión sobre sus representantes.