Esta mañana, el Poder Judicial de la Federación se vio envuelto en una atmósfera de protesta e incertidumbre. Miles de trabajadores iniciaron un paro de labores tras el llamado hecho el pasado 19 de agosto, en la que se unieron al movimiento nacional en oposición a la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Desde tempranas horas, decenas de trabajadores se agruparon en las escalinatas de Ciudad Judicial, en Zapopan, para expresar su inconformidad respecto a un paquete de 20 reformas que busca modificar la Constitución. Este cambio legislativo plantea la elección de jueces y magistrados por votación popular, reduciendo su actual periodo de 15 años a solo 12, mientras que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrían mandatos de 8, 11 y 14 años, dependiendo del resultado de las votaciones.
Giselle Arroyo, oficial judicial del Poder Judicial, compartió su preocupación respecto a la propuesta: «El Poder Judicial no está renuente a hacer perfecciones… pero no de esta manera tan arbitraria. Ya ni siquiera puede ser una persona preparada porque ya eres juzgado por ser preparado», expresó con un tono de frustración. Asentó que muchos magistrados y ministros cuentan con una sólida formación académica, incluyendo maestrías y doctorados, y se cuestionó la viabilidad de reemplazarlos por candidatos con menor preparación.
Karina Ibarra, Jueza federal, lanzó un ferviente llamado a académicos y asociaciones civiles: «Despierten, atiendan nuestro llamado porque puede ser el último llamado del México independiente, del México de derechos y libertades que les queremos heredar a nuestros hijos», enfatizó, evidenciando la gravedad con la que se percibe la situación actual.
Aproximadamente a las 10:30 horas, la concentración de manifestantes excedió las mil 500 personas, quienes permanecieron en el exterior de las instalaciones judiciales. El paro, que se mantendrá de manera indefinida, se repetirá hasta que se logre un acuerdo satisfactorio con el gobierno morenista. Los trabajadores aseguraron que ciertas actividades urgentes, como temas de salud y de carácter penal, seguirán atendiéndose, en un intento por no dejar desprotegidos los derechos de la ciudadanía.
Adicionalmente, Giselle destacó la importancia de considerar la composición democrática del Congreso al referirse a la actual administración: “Que también los altos mandos, los otros poderes, entiendan que no ganaron la mayoría, que nada más fue una tercera parte de la población y no les da derecho a destruir a los otros dos poderes. Todos tenemos una razón de existir”.
A medida que avanza la jornada, el clima de tensión y la incertidumbre en torno a la perdurabilidad de los derechos judiciales en México son palpables. La presión está en el aire mientras los manifestantes insisten en que su lucha no es solo por su trabajo, sino también por el futuro del sistema judicial del país.
