Mié. Jun 19th, 2024

La pobreza a nivel nacional de niñas y niños menores de seis años es de 48.14%, revelan investigadores y especialistas durante el Simposio Contribuciones para la agenda de primera infancia 2024-2030, organizado por Early Institute.
El cuidado infantil afirmó un experto del Banco Mundial, no está reconocido en México como un derecho en sí mismo, por lo que México es uno de los países de la OCDE con menor gasto público para el cuidado infantil, el cual es menor al 0.1 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Por lo anterior destacaron expertos, que la primera infancia en México precisa de un buen desarrollo en donde se haga realidad la Política Nacional de Educación Inicial y que ésta vaya de la mano de un sistema nacional de cuidados, ya que sólo así se podrá superar la crítica situación que se observa en este segmento poblacional, plantearon especialistas nacionales e internacionales quienes apuntaron que el desafío inmediato es eliminar programas fragmentados, heterogéneos y no vinculados.
Eliminar la discriminación de la mujer trabajadora mediante una mayor flexibilidad laboral para ellas a fin de que se les dé la oportunidad de trabajar y cuidar a sus hijos; destinar mayor presupuesto públicos para educación inicial -que es la que se destina a las niñas y niños de cero a tres años-, elevar la calidad de los servicios de educación y atención social e integrar políticas nacionales articuladas, vinculadas y sujetas a una permanente revisión y evaluación, conforman las propuestas centrales de los especialistas.
Lo anterior fue expuesto durante el Simposio “Contribuciones para la agenda de primera infancia 2024-2030”, organizado por el think tank Early Institute, en el que participaron representantes del Banco Mundial, la UNICEF, el Instituto Nacional de Salud Pública, el Instituto Nacional de Pediatría, el Observatorio Materno Infantil y el Pacto por la Primera Infancia, con el apoyo del Centro Mexicano de la Filantropía (CEMEFI).
En la inauguración del simposio José Ángel Fernández y Annayancy Varas García, presidente del Consejo y directora general de Early Institute, respectivamente, subrayaron la importancia de analizar los desafíos de la primer infancia mexicana a través de mecanismos de análisis, monitoreo y seguimiento.
Sólo a través del análisis y seguimiento de los indicadores de primera infancia se podrán proponer acciones a favor de las niñas y los niños. Plantearon la necesidad de incorporar a la primera infancia en la agenda nacional con un alto grado de prioridad y con una perspectiva integral, no aislada.
Clemente Ávila Parra, economista sénior especialista en Práctica Global de Protección Social del Banco Mundial dijo que el marco normativo sobre el cuidado infantil es complejo, altamente fragmentado y discriminatorio, creando heterogeneidad no solo en la oferta de atención, sino en el perfil de las niñas y niños a atender, incluso en el costo por persona.
El cuidado infantil, dijo, no está reconocido en México como un derecho en sí mismo. Esto incide para que exista un sistema de protección social fragmentado, contributivo en el que participan diversas instituciones, pero no contributivo a pesar de que participan los distintos niveles de gobierno.
México es uno de los países de la OCDE con menor gasto público destinado a servicios de cuidado infantil, pues representa menos del 0.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), precisó.
El maestro Clemente Ávila Parra, expresó que la oferta de centros de atención infantil es limitada en México, especialmente en los municipios más marginados del país. Sólo el 5 por ciento de las niñas y niños más pequeños o que integran la primer infancia, reciben servicios de cuidado infantil.
Puso como ejemplo la situación en el rubro educativo. Destacó que la cobertura de educación inicial ha ido a la baja en los últimos años ya que antes de la pandemia, entre los años 2019 y 2020, el nivel de cobertura era del 8.6 por ciento; en la etapa postpandemia, es decir en los años 2020-2021, bajó a un 5 por ciento y en la actualidad, en el 2022-2023, el nivel de atención de educación inicial es apenas del 2.7 por ciento.
Marcela Lucía Silveyra de la Garza, especialista en Práctica Global de Educación del Banco Mundial, planteó que esa Política Nacional debe partir de entender que no pueden ir por separado educación y cuidado; ambas son parte de la misma moneda y se deben analizar y atender de manera simultánea. La incorporación de la mujer al mercado laboral crea necesidades específicas respecto al cuidado y la enseñanza inicial.
Durante su exposición la especialista del Banco Mundial detalló una herramienta diseñada por el Banco Mundial, en coordinación con la SEP, para la expansión de la educación inicial en México la cual parte de criterios de priorización de necesidades, es decir poner mayor énfasis en estados y municipios con mayor rezago en esta etapa de enseñanza.
En su momento la doctora Martha Merlo, Oficial Nacional de Política Social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), habló de la importancia del cuidado infantil como un camino de mejora de condiciones de vida y desarrollo de las mujeres madres de familia y de los propios hijos el desarrollo.
Refirió que un cuidado infantil de calidad, accesible y asequible mejora el empleo materno, genera un mayor bienestar en las familias y aumenta el desarrollo infantil, además garantizar derechos.
Por el contrario, agregó, entre los efectos negativos de no brindar cuidados infantiles de calidad destaca el bajo desempeño escolar y riesgos de cuidado inadecuado. El impacto negativo para las mujeres madres de familia se observa en una baja participación laboral de acuerdo con la edad de las niñas y niños que cuidan.
Explicó que hay poca participación laboral de la mujer y bajo número de centros de atención infantil porque existe una correlación. Habló de un fenómeno de “feminización de la pobreza de la mujer en México”, ya que, de acuerdo a investigaciones recientes, la mujer mexicana trabaja más horas al día y a la semana, pero con bajo ingreso, ingreso precario e incluso sin ningún tipo de remuneración, contrario a lo que ocurre con los hombres trabajadores. Existe una brecha social y económica que se debe eliminar.
LA MITAD DE LA POBLACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA VIVE EN POBREZA
En su intervención el Dr. Alberto Tonatiuh Sotomayor Avilés, del Pacto por la Primera Infancia expresó que la pobreza en este segmento de población genera daños acumulativos e irreversibles, lo que otorga un sentido de prioridad, su atención en específico, por parte del Estado.
La diferencia en pobreza entre primera infancia y en la población en general es de 11.84 puntos porcentuales, en tanto que en pobreza extrema la diferencia llega a 4.52 puntos porcentuales.
Si bien en el año 2022 se presentó una disminución de la pobreza en primera infancia al pasar a 6.2 puntos porcentuales en contraste con el 4.41 puntos porcentuales del año 2020, la realidad es que la brecha entre la población en general y la población en primera infancia se ha incrementado, pasando de 10.64 en el 2018 a 11.83 puntos porcentuales en el 2022, precisó el especialista.
Remarcó: la pobreza a nivel nacional es de casi la mitad de la población de niñas y niños menores de seis años (48.14%) y las entidades con mayores porcentajes de pobreza en primera infancia se ubican en el sur y centro del país. Ejemplos: Chiapas tiene el 79.3%; Guerrero 71.5%; Oaxaca 67.3%; Puebla 66.3% y Veracruz 63.7%.
La media nacional en cuanto a pobreza extrema en las niñas y niños que forman parte de la primera infancia llega al 11.54 por ciento. Chiapas ocupa el primer lugar con el 39.7 por ciento.
Sotomayor Avilés coincidió con el resto de los participantes en el Simposio en cuanto a las recomendaciones más apremiantes: invertir más y mejor en primera infancia; diseñar e implementar un sistema de protección social focalizado, con enfoque de derechos y con perspectiva intersectorial; ampliar y mejor la cobertura de los programas sociales de protección social que benefician a esta población infantil.
Además, complementar programas de transferencia no condicionadas con paquetes de servicios básicos, con énfasis en materia de salud y seguridad social; creación de un sistema de cuidados y mejorar los servicios de educación inicial y preescolar, así como impulsar la equidad regional

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