Por denuncias de supuestos actos anticipados de campaña la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) hacer un nuevo análisis de las giras de las “corcholatas” de Morena.
El proyecto, presentado por el magistrado Indalfer Infante fue aprobado por cinco votos a favor y dos en contra, luego de que, en una sesión no presencial, se revocó el acuerdo de la comisión, a fin de que realice un análisis con hechos y pruebas de cada persona involucrada, es decir, de cada aspirante presidencial de Morena o Coordinar de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
La giras y asambleas que forman parte del proceso interno de los aspirantes Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, que el INE había negado medidas cautelares fue impugnado por el coordinador de los diputados de MC, Jorge Álvarez Máynez y el PAN, que resulto en este nuevo resolutivo.
En los entredichos del proceso interno a los que se sumo un esquema similar de la oposición donde salió la figura de Xóchitl Gálvez como la principal contendiente, resulta que una encuesta realizada el 10 de julio de 2023, de la consultoría Massive Caller, con un margen de error de +/- 3.4% a mil personas bajo la pregunta de que ¿sí hoy fueran las elecciones por cuál partido político o candidato votaría usted? Claudia Sheinbaum obtendría un 40.7% contra el 37.2% de Xóchitl Gálvez.
La misma pregunta aplicada con respecto a Marcelo Ebrard contra Xóchitl Gálvez, el primero obtendría 37.9% con su coalición y la segunda, 33.4%, lo que refleja que, sin duda, en este momento, con la posición que tomo la senadora con licencia panista y luego de los ataques del presidente a su persona, la empujaron con una mayor visibilidad para obtener una competencia férrea.
Por cierto, y a propósito de Xóchitl Gálvez, que le dijera al presidente que le audite hasta el último contrato, resulta que ha recibido contratos del gobierno de López Obrador por 9 millones de pesos por parte del Banobras, la Secretaría de Salud (Ssa), el Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), y de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoradu).
No hay que rascarle mucho para encontrar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y observar que las empresas «Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes (OMEI)» y “High Tech Service”, propiedad de la senadora panista, ha obtenido docenas de contratos que reveló este jueves El Universal.
