En un llamado conjunto, familiares afectados, académicos y activistas han instado al Estado a llevar a cabo una reparación integral para aquellos que han sufrido la desaparición de sus seres queridos. Denuncian que tanto a nivel estatal como federal, las autoridades no han cumplido con la rehabilitación física, psicológica y social de los afectados.El Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), el Colectivo Entre Cielo y Tierra, y el Centro de Justicia para la Paz y Desarrollo AC (CEPAD) han exigido al Estado garantizar la reparación integral del daño mediante la modificación presupuestal y la adecuación del marco jurídico de la Ley de Atención a Víctimas.La doctora Carmen Chinas Salazar, Coordinadora del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la UdeG, ha señalado las irregularidades del gobierno estatal en la búsqueda, registro y reparación del daño de las víctimas. Destacó la necesidad de establecer un sistema que permita buscar y esclarecer los hechos, subrayando que sin presupuesto para la reparación del daño, la ley carece de efectividad.Martha Leticia García Cruz, Coordinadora del Colectivo Entre Cielo y Tierra, madre de César Ulises Quintero García, un joven desaparecido, expresó la urgencia de ser escuchadas ante un Estado que parece incapaz de frenar la violencia. Pidió la reparación del daño a través del retorno de su hijo.Zonia Griselda Gómez Zúñiga, integrante del Colectivo Entre Cielo y Tierra, denunció siete años de lucha contra diversas instancias gubernamentales desde la desaparición de su hijo, Jorge Eduardo Martínez Gómez. La abogada del colectivo, Elia González Fregoso, resaltó la falta de esclarecimiento y localización de las personas desaparecidas, así como la resistencia de la CEEAV para reparar el daño, a pesar de las resoluciones judiciales favorables a los familiares.La maestra Anna Karolina Chimiak, Codirectora del CEPAD, subrayó que la reparación integral del daño es una obligación de las autoridades para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos de las víctimas. Destacó la importancia de la rehabilitación física, psicológica y social, así como las medidas de satisfacción para restablecer la dignidad de las víctimas y asegurar que el Estado reconozca su responsabilidad y garantice la no repetición de estos lamentables sucesos.