Bajo la advertencia de que algunas oportunidades de la relocalización no se están materializando por falta de suministro expertos y empresarios se pronunciaron porque se impulse la libre competencia en el Mercado Eléctrico Mexicano (MEM), para incentivar la llegada de nuevas inversiones relacionadas con el nearshoring.
En el marco de la integración del Plan Nacional de Energía, la Comisión de Energía de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llevó a cabo el segundo panel del foro “Luz limpia para todos los mexicanos”, Verónica Irastorza, cofundadora de voz experta recordó cómo se estructuran los diferentes sectores eléctricos, los cambios que se experimentaron en México con la Reforma de 2013 y las recientes modificaciones donde se ha buscado un mayor control estatal y se ha dado prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra otros competidores.
En ese sentido, Andrea Lozano, presidenta de la Asociación Mexicana de Suministradores Calificados (AMSCA), subrayó que en materia eléctrica se debe apuntar a que el usuario pueda elegir al suministrador, tal como lo hace con otros servicios.
La políticas públicas actuales, fueron criticadas por Pablo Zárate, senior managing Director at FTI Consulting quién aseguró que los objetivos políticos del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) cambiaron radicalmente, pues de estar orientados a habilitar las competitividad del país, pasaron a garantizar que la CFE tuviera una participación del 54 por ciento del total de la generación del mercado, sacrificando el andamiaje institucional, erosionando a los institutos autónomos como la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y el CENACE y los costos bajos.
Dejaron en claro que la congestión y colapso generalizado del SEN, impide que los clientes puedan tener mayores oportunidades de acceso a tarifas eficientes e incluso la ampliación para los centros de carga que están operando y requieren incrementar la demanda contratada.
Por lo anterior, se pronunciaron por la importancia de preservar el diálogo institucional entre la iniciativa privada y los gobiernos y abatir el rezago del país en el tema de la sustentabilidad y los renovables, que, de acuerdo con Verónica Irastorza, no ha sido prioridad en las políticas públicas a nivel nacional.
Entre las conclusiones, destacaron la importancia de abandonar la meta del 54 por ciento para la CFE, abrir un debate sobre el rol y necesidades de la red nacional de transmisión, recuperar la independencia de los reguladores, diseñar metas y objetivos alineados con la visión económica del país, para lo cual es fundamental, dijeron, que la búsqueda de crecimiento esté al centro de la lógica de lo que se desarrolle hacia 2023-2024.
Lo anterior porque es medular el trabajo colaborativo, impulsar desde las empresas el diálogo “con el gobierno actual y con el que entrará, para minimizar el golpe que tenemos en caídas, apagones, pérdida de capital que se está yendo a otros lados y buscar qué hacer en conjunto para detener esta fuga de oportunidades y cumplir con la demanda que tiene México como país”.
Otro reto interesante que destacaron es que para el país la transición energética se requieren inversiones grandes en tecnología e infraestructura para lograrla “la IP estará encantada de participar para lograr esta transición, por eso se requiere la apertura del diálogo del sector privado y público y establecer hojas de ruta para la CRE y el CENACE, la liberación de información, mitigar el monopolio de información y perseguir la eficiencia energética”.
