Nada conforme quedaron los funcionarios del gobierno federal, legisladores del partido en el Poder y los propios morenistas que advirtieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se “volvió la oposición”, que se trató de “incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular” porque invalidaron la primera parte del Plan B del presidente López Obrador pero que habrá un Plan C.
Lo interesante del caso es el ‘linchamiento’ que se iniciara este martes desde la mañanera, bajo diversos argumentos y por haber, desechado de entrada, la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como el plan B, por una falta de imparcialidad donde además advertían que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.
De entrada, el senador por el Grupo Plural Germán Martínez Cazares, al conocer la noticia, dejo en claro que ese plan B fue un plan de ‘batidillo’, de ‘burro’ de ‘bye’, adiós, porque el INE no se toca, la constitución no se toca por eso la Corte hizo bien por un país en el que no hay “ni un dueño, ni un patrón, ni un rey, ni un monarca sexenal”.
A esta postura y por paradójico que parezca, se sumó la declaración del senador y coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal quién afirmó que con el fallo que invalida la primera parte del Plan B de la reforma electoral, la SCJN enmendó la plana al Poder Legislativo y resaltó, que “como nunca, se demuestra que en México hay un equilibrio y un contrapeso en las decisiones que se toman, pues “no hay un Poder que se sobreponga a los otros”.
“Yo como constitucionalista, me alegra que haya contrapesos. No me alarma ni me preocupa, y respeto las decisiones de los órganos del Estado y los órganos constitucionales” y le dejó claro a la Consejería Jurídica de la presidencia que “ellos -los ministros de la SCJN- tienen los elementos porque la Constitución los consagra como la instancia de revisión de nuestros actos”.
Pero el encargado de la política interna del país Adán Augusto López no compartió ese punto de vista y en su cuenta de twitter dijo que ‘el pueblo mexicano -hablando por todos- busca recuperar la confianza en sus instituciones, pero la SCJN decidió seguir protegiendo interese particulares. Nueve ministros pasaron, -según él- por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares. No hay de otra: Plan C en las urnas” advirtió a nombre del gobierno federal.
A esta postura se sumó la “incongruencia y miopía jurídica de ministros que invocaron principios de democracia y representación popular, pero votan un proyecto en contra de la representación mayoritaria que eligió con su voto el Pueblo de México”, según Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en Diputados.
Y la postura radical de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, quién aseguro, que los ministros “no discutieron de fondo el contenido de las reformas, se quedaron en la forma, alegando fallas en el procedimiento legislativo (haber dispensado trámites al considerarse de “obvia y urgente resolución”) y de la diputada de Morena, Patricia Armendáriz que dijo que la SCJN se volvió oposición.